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miércoles, 19 de febrero de 2014

7 consecuencias sobre cómo las medidas de racionalización del gasto público afectan a la firma electrónica

Las medidas de racionalización del gasto público, fruto de las imposiciones de Europa, nos han afectado a todos los ciudadanos y sectores, a veces para mal (sanidad, educación, investigación) y otras para bien (reducción de despilfarros).
No es menos el minisector de la firma electrónica que, en el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa se ve mencionado explícitamente hasta en 3 ocasiones.

El informe CORA

La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA ¿?) se crea el pasado 26 de octubre de 2012 para racionalizar estructuras, procedimientos y recursos de las AA. PP., tanto estatales como autonómicas y locales, eliminando duplicidades, simplificando los trámites administrativos, identificando mejoras en la gestión de servicios y recursos comunes y revisando la distinta tipología de entes que componen la Administración Pública, tratando de simplificarla.

Fruto de este trabajo, se redacta el informe CORA con 218 medidas para la racionalización de la Administración Pública y algunas de estas medidas tocan directamente al uso de la firma electrónica.

Firma electrónica

Hasta 16 veces aparece la expresión "firma electrónica" a lo largo del informe, lo que da una idea de que no se trata de una cuestión baladí.

Las medidas y conclusiones que tratan alrededor de la firma electrónica se pueden agrupar en aquéllas que tratan de racionalizar su uso para eliminar despilfarros y aquéllas que tratan de potenciar su uso como fuente de eficiencia o simplificación administrativa.
  1. Unificación y simplificación de los sistemas de identificación y autenticación no avanzados en el ámbito de la AEAT. Potenciación del uso de los certificados de empleado público.
  2. Tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. [...] Los datos serían transmitidos desde el mismo centro sanitario con la firma electrónica reconocida de los facultativos médicos [...].
  3. Participación de las Oficinas consulares en la obtención del número de identificación fiscal (NIF) y certificado electrónico por los no residentes. [...] En una segunda fase, se analizaría la posibilidad de que las Oficinas Consulares actúen también como oficina de registro de personas jurídicas no residentes, facilitando la asignación del certificado de firma electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) [...]. Y nos pasamos la libre competencia por el Arco del Triunfo.
  4. Impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, facilitando al proveedor el uso de instrumentos como el sello electrónico junto a la firma electrónica avanzada. Aunque la firma electrónica o el sello electrónico no deberían ser obligatorios (ver "Considerando" (11) de la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación) para realizar la facturación electrónica, sí son recomendables, evitando incertidumbres legales.
  5. Las facturas deberán tener un formato estructurado fijado por Orden Ministerial y estar firmadas con firma electrónica basada en un certificado reconocido. Esta factura podrá tener efectos fiscales en los términos que se establezcan. Pues eso, no debería ser obligatoria, pero lo es para trabajar con las Administraciones Públicas.
  6. [...] se derogarán las disposiciones estatales, autonómicas y locales limitativas de la admisión de certificados electrónicos así como los procedimientos administrativos regulados en ellas. Supresión de las listas de prestadores de servicios de certificación de firma electrónica admitidos en las Administraciones públicas, así como de los procedimientos administrativos asociados (extraído del Informe anual de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas)
  7. Desconexión del proceso de simplificación administrativa y el impulso de la Administración Electrónica. [...] si bien en la etapa anterior se realizó un importante desarrollo normativo de la LAECSP y se pusieron en marcha distintas infraestructuras y servicios de Administración Electrónica, como el Sistema de Aplicaciones y Redes de las Administraciones Públicas (Red SARA de Comunicaciones), la Plataforma de Firma Electrónica @FIRMA, el Portal Electrónico de la Red 060 de Atención al Ciudadano, la Plataforma Electrónica de Intermediación de Datos, el Registro Electrónico de Apoderamientos, etc., se produjo, especialmente a nivel de programación y planificación, una falta de integración de estas herramientas de Administración Electrónica con las medidas implementadas en materia de simplificación administrativa. [...]
Fruto de la puesta en ejecución de algunas de las medidas anteriores, se desarrolla la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, de la que ya se ha escrito mucho (p.e. Comentarios a la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público) y que obliga al uso de firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido.

También se desarrolla  el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa antes mencionado que modifica la actual Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en dos artículos, a saber:
Sección 2.ª Firma electrónica
Artículo 24. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, queda modificada como sigue:
  • Uno. Se modifica el apartado 2.b) del artículo 13, que queda redactado como sigue:
«b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos.
Antes, el redactado era: "b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas."
Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»
  • Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 15.
que decía: "2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como, en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados."

Consecuencias

Algo que suelo hacer es mirar las consecuencias desde diferentes puntos de vista, pues soy un ciudadano de a pie, pero también un profesional del sector de la firma electrónica y trabajo estrechamente con Prestadores de Servicios de Certificación.

Las consecuencias, en general, me parecen positivas desde ambos puntos de vista:
  1. Se simplifica y esclarece la relación electrónica (telemática) entre ciudadanos y Administración.
  2. Se simplifica la relación entre los prestadores de servicios de certificación con la Administración con la supresión de las listas de prestadores de servicios de certificación de firma electrónica admitidos en las Administraciones públicas y de los procedimientos asociados.
  3. Se simplifica y esclarece la relación electrónica interadministrativa.
  4. Claramente se eliminan duplicidades.
Como consecuencias menos positivas podríamos tener:
  1. Se potencia aún más el quasi-monopolio de la FNMT.
  2. Se añade la obligatoriedad de la firma electrónica a las facturas electrónicas.
  3. La simplificación de la relación entre el ciudadano y la Administración puede ir acompañada de cierta pérdida de robustez legal (p.e., en la línea de la primera medida identificada, tenemos  [...] el establecimiento de un sistema denominado “PIN 24 horas”, originalmente puesto en práctica por la Agencia Tributaria, pero que habrá de extenderse al resto de administraciones una vez validada su utilidad [...] (ver el Informe anual de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que, aunque más usable, es menos seguro.
Y tú, ¿crees que se podría haber tomado alguna otra medida relacionada con la firma electrónica para racionalizar el gasto público?

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